| 01-07-2011 |
La elección de Ollanta Humala (OH) y de GANA Perú (GP), ha sido celebrada por el mundo entero, pero sobre todo por las y los peruanos excluidos y que mayoritariamente viven en el interior del país. Desde donde uno puede fácilmente hablar de la falta de una nación, de la existencia de una ciudadanía política pero no social, de la ausencia del reconocimiento de una pluri identidad nacional, y por tanto, de la necesidad de crear por fin una nación unitaria pero diversa.
Como ha señalado Sinesio López en su artículo “Un Estado para todos”, GP debe “Soltar las amarras que atan al Estado con los intereses particulares de algunos grupos en desmedro de las mayorías”, y eso sería un buen comienzo, sin embargo, debe “establecer relaciones estatales funcionales, transparentes, eficientes y justas con la economía y con la sociedad” para alcanzar realmente “un avance significativo”. Sin duda eso ya sería una revolución hacia la concreción de una nación.
Pues esa es una clave central para la construcción de una nación peruana, porque hoy tenemos un país y diversas nacionalidades que conviven ya sea en conflicto o en negociaciones desiguales, asimétricas, inequitativas. El Estado, vía la administración de éste por el Gobierno de OH y GP, al plantearse ser para todas y todos y mantener una presencia no sólo con los grupos económicos, sino con las grandes mayorías, generaría un cambio significativo hacia la integración nacional.
Así el Estado se convertirá en la representación nacional, en la institución capaz de convocar a todos tras una bandera, una canción, pero sobre todo de crear ciudadanos iguales ante la ley y que gozan todos de las prerrogativas de un Estado que los identifica y unifica. Esto por supuesto es la promoción de la nación desde la cúspide del poder, desde el vértice del aparato del Estado, el cual debe complementarse desde la promoción de la nación por la sociedad civil y sus bases.
He allí una tarea enorme para el presente gobierno, pero que desde su partida tiene un hándicap difícil de superar, pero no imposible: la falta de un partido con una mentalidad inclusiva y concertadora. Quizá suceda en otras zonas, pero ya en Ayacucho se ha dado la división de GP, entre el núcleo central del Partido Nacionalista Peruano y los invitados a la segunda vuelta. No hay una sólida vocación de unidad sobre los problemas regionales, sobre todo de los más pobres. Y es que una nación basa su fundamento en lograr la unidad entre todos sus integrantes, ricos y pobres, para alcanzar el desarrollo que beneficie a todas y todos, en especial los más pobres y vulnerables de su sociedad. Y aquí en Ayacucho, no todas ni todos (porque sí hay gente lúcida y con principios), fijan la unidad partidaria y por tanto las políticas sociales que pueda dar en torno a esos valores, sino en alcanzar nuevos puestos y tener poder en los próximos 5 años.
Se hace necesario entonces desde los más altos puestos del poder político nacional dar el ejemplo de concertación y unidad en torno a los problemas que impiden el desarrollo, como son la pobreza y la exclusión. Instar a las bases a un trabajo de consensos. Y para ello va quedando más claro, la necesidad de impulsar espacios en torno a Acuerdos Regionales, como el que se creó en Ayacucho en Septiembre de 2010, y el Foro Regional que haga posible su debate y cumplimiento.
Pues estos problemas de fraccionamiento, división, individualismo, aislamiento, entre peruanos, sobre todo en provincias, en gran medida podrían superarse con espacios de diálogo y acuerdos consensuados en torno a objetivos comunes y demandas integrales. Toca a la nueva gestión de gobierno impulsar espacios regionales y macro regionales de debate y consensos. Llevar a los últimos rincones del país el mensaje de que todas y todos son imprescindibles, que el Perú es la suma de todos.
Como ha señalado Sinesio López en su artículo “Un Estado para todos”, GP debe “Soltar las amarras que atan al Estado con los intereses particulares de algunos grupos en desmedro de las mayorías”, y eso sería un buen comienzo, sin embargo, debe “establecer relaciones estatales funcionales, transparentes, eficientes y justas con la economía y con la sociedad” para alcanzar realmente “un avance significativo”. Sin duda eso ya sería una revolución hacia la concreción de una nación.
Pues esa es una clave central para la construcción de una nación peruana, porque hoy tenemos un país y diversas nacionalidades que conviven ya sea en conflicto o en negociaciones desiguales, asimétricas, inequitativas. El Estado, vía la administración de éste por el Gobierno de OH y GP, al plantearse ser para todas y todos y mantener una presencia no sólo con los grupos económicos, sino con las grandes mayorías, generaría un cambio significativo hacia la integración nacional.
Así el Estado se convertirá en la representación nacional, en la institución capaz de convocar a todos tras una bandera, una canción, pero sobre todo de crear ciudadanos iguales ante la ley y que gozan todos de las prerrogativas de un Estado que los identifica y unifica. Esto por supuesto es la promoción de la nación desde la cúspide del poder, desde el vértice del aparato del Estado, el cual debe complementarse desde la promoción de la nación por la sociedad civil y sus bases.
He allí una tarea enorme para el presente gobierno, pero que desde su partida tiene un hándicap difícil de superar, pero no imposible: la falta de un partido con una mentalidad inclusiva y concertadora. Quizá suceda en otras zonas, pero ya en Ayacucho se ha dado la división de GP, entre el núcleo central del Partido Nacionalista Peruano y los invitados a la segunda vuelta. No hay una sólida vocación de unidad sobre los problemas regionales, sobre todo de los más pobres. Y es que una nación basa su fundamento en lograr la unidad entre todos sus integrantes, ricos y pobres, para alcanzar el desarrollo que beneficie a todas y todos, en especial los más pobres y vulnerables de su sociedad. Y aquí en Ayacucho, no todas ni todos (porque sí hay gente lúcida y con principios), fijan la unidad partidaria y por tanto las políticas sociales que pueda dar en torno a esos valores, sino en alcanzar nuevos puestos y tener poder en los próximos 5 años.
Se hace necesario entonces desde los más altos puestos del poder político nacional dar el ejemplo de concertación y unidad en torno a los problemas que impiden el desarrollo, como son la pobreza y la exclusión. Instar a las bases a un trabajo de consensos. Y para ello va quedando más claro, la necesidad de impulsar espacios en torno a Acuerdos Regionales, como el que se creó en Ayacucho en Septiembre de 2010, y el Foro Regional que haga posible su debate y cumplimiento.
Pues estos problemas de fraccionamiento, división, individualismo, aislamiento, entre peruanos, sobre todo en provincias, en gran medida podrían superarse con espacios de diálogo y acuerdos consensuados en torno a objetivos comunes y demandas integrales. Toca a la nueva gestión de gobierno impulsar espacios regionales y macro regionales de debate y consensos. Llevar a los últimos rincones del país el mensaje de que todas y todos son imprescindibles, que el Perú es la suma de todos.
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Vie, 17/06/2011 - 05:00
Por Sinesio López Jiménez
Es la toma democrática de la Bastilla. Sin asaltos, sin violencia, solo con la fuerza de los votos las clases medias y populares han conquistado el gobierno del Estado para todos. Acabar con la captura del Estado por los operadores del poder económico para ponerlo al servicio de todos es probablemente uno de los cambios más importantes que van a producirse a partir del 28 de julio.
Desde hace más de veinte años los poderes fácticos han logrado imponer a los presidentes elegidos los operadores de sus intereses en el manejo de los aparatos económicos del Estado. Desde allí desplegaban las políticas económicas para los ricos y asignaban las migajas de las políticas sociales asistencialistas para los pobres. En este lapso ningún ministro de Economía y Finanzas ha provenido de las filas del partido que obtenía el triunfo electoral. Casi todos ellos provenían de las canteras de los organismos financieros internacionales o de los bancos.
Los operadores justificaban su presencia en el Estado no solo como cuadros técnicos eficientes sino también como hombres de confianza del capital nacional e internacional. Por temor a fracasar en el campo económico o por presión de los poderes fácticos, los presidentes democráticamente elegidos terminaban escogiéndolos como los magos de la economía y las finanzas. Con la elección de Ollanta Humala las cosas pueden y deben ser distintas. Eso explica probablemente la fuerte presión de la derecha y de los poderes fácticos para que el presidente electo, sin haber recibido aún las credenciales del JNE, decida apresuradamente el nombramiento de los hombres que sirvan y defiendan sus intereses. Eso explica también el veto y la satanización (por la prensa derechista) de los hombres de confianza de Ollanta y de los cuadros provenientes de la izquierda. La derecha política no aprende de su propia derrota y sigue actuando como si hubiera ganado.
¿Es posible poner al Estado al servicio de todos? ¿Es posible gobernar para todos, especialmente para los más necesitados, o está obligado a gobernar para los ricos el que accede al gobierno del Estado? Si se tiene en cuenta las relaciones de fuerzas sociales y políticas, nacionales e internacionales, es difícil pero no imposible. Ayudaría mucho si el gobierno recientemente elegido fuera respaldado por un partido bien organizado y por una sociedad civil vigorosa. Estas son, sin embargo, tareas pendientes a las que Gana Perú tiene que abocarse con urgencia si quiere tener éxito en el gobierno y busca darles proyección estratégica a los grandes cambios que pretende realizar.
Soltar las amarras que atan al Estado con los intereses particulares de algunos grupos en desmedro de las mayorías ya es un buen comienzo, sin embargo, y establecer relaciones estatales funcionales, transparentes, eficientes y justas con la economía y con la sociedad es un avance significativo. El Estado tiene la obligación de garantizar la inversión (nacional y extranjera) y la acumulación a todos los empresarios (grandes y pequeños) y de mantener los equilibrios macroeconómicos a través de sus políticas económicas (fiscal y monetaria) adecuadas y de una seguridad jurídica confiable. Los empresarios, a su vez, tienen la obligación de contribuir en forma significativa al sostenimiento del Estado y de sus políticas públicas mediante una tributación equitativa y el respeto a los derechos de los trabajadores.
Finalmente, el Estado está obligado a dedicar una parte significativa de la presión tributaria a las políticas sociales universales (salud, educación, justicia y seguridad) de calidad para todos, especialmente para los pobres y muy pobres. Solo si ellas llegan a todo el territorio y a todas las clases sociales, la sociedad le otorgará legitimidad al Estado, al gobierno y a los gobernantes. En el fondo, las relaciones funcionales señaladas constituyen un compromiso entre los empresarios y los trabajadores con la mediación efectiva del Estado.
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